Las instituciones del acceso a la información

En México no podemos hablar de que las instituciones del acceso a la información pública estén plenamente consolidadas. Su construcción, resultado de un intenso proceso legislativo, no exento de debates, ha significado para Latinoamérica un hecho modélico, y, por tanto, digno de imitarse. Sin embargo, aún existen obstáculos que impiden a dichos organismos la correcta garantía del libre acceso a la información.

El jueves de la semana pasada se dio a conocer el intento de los senadores panistas, Jorge Zermeño y Fauzi Handam, de emprender reformas para limitar la actuación del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI). La iniciativa, que fue tachada de “aberración” por los comisionados, facultaba al Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa para conocer sobre las resoluciones administrativas favorables a los particulares en materia de apertura informativa. En otras palabras, los fallos del IFAI, de acuerdo al proyecto, eran sujetos a un proceso de litigio que dificultaría el acceso a los documentos por parte de aquellas personas a quienes el Instituto les diera una resolución favorable.

Afortunadamente la iniciativa fue retirada de inmediato, ante las protestas de los miembros del IFAI. La presidenta del organismo, María Marván Laborde, señaló que de haberse aprobado el texto, "el Instituto no tendría los recursos humanos ni materiales para enfrentar cientos de litigios que, sin duda, interpondrían las dependencias y entidades ante el Tribunal" (El Universal, 09/03/06). En una rueda de prensa, la funcionaria recordó que en 2005 se presentaron 88 amparos contra sus resoluciones, de los cuales 71 se resolvieron a su favor. Lo anterior, sin duda, es una muestra de que el Instituto cumple con su labor en forma satisfactoria.
El embajador de México ante la OCDE, Carlos Elizondo, reconoció que en materia de transparencia “México está muy bien visto en el mundo, ya que en estudios de la OCDE, el caso mexicano es muy bien recibido, porque el IFAI es una institución con capacidad administrativa sólida, y con una ley que siempre puede tener más recursos de los que ya tiene” (El Universal, 10/03/06).

Sin embargo, hay un hecho sobre el que se debe poner atención: que la naturaleza jurídica de esas entidades aún es limitada, y se requiere dotarlas de mayores facultades para que puedan hacer frente al desafío de garantizar el libre acceso a la información a las personas.

Y es que organismos como el IFAI y las distintas comisiones estatales, se han integrado como entes con autonomía de gestión y decisión, pero no con autonomía formal como la de la Comisión Nacional de Derechos Humanos o el Instituto Federal Electoral. En Puebla, como ejemplo, la Comisión Estatal de Acceso a la Información Pública es un órgano “auxiliar” del Poder Ejecutivo. La razón de esta conformación tiene que ver con un proceso ciertamente nuevo, al que los actores políticos aún temen, pues no conocen a profundidad los alcances de los ordenamientos en materia de transparencia. Por ello es preciso constituir al IFAI como un órgano constitucional autónomo, para evitar la distorsión de sus objetivos, asunto que también fue promesa presidencial que no se ha cumplido.

A la par de la configuración jurídica del Instituto y las comisiones, otro de los obstáculos para el desempeño de sus funciones ha sido la inexperiencia de sus integrantes. Inexperiencia no en sentido peyorativo, sino porque, al ser instituciones de reciente creación, los miembros no conocen todavía su funcionamiento sino que adquieren la experiencia en el día a día, en el diseño de lineamientos, en la resolución de los recursos de revisión, etc.

No se puede dar marcha atrás en materia de apertura informativa, porque el establecimiento de la legislación en la materia no ha sido una mera concesión del régimen, sino un logro de los ciudadanos por conocer las acciones del gobierno y participar en la discusión pública.