¿Objetividad periodística?

En las últimas décadas el periodismo ha vivido notables transformaciones, por un lado por los avances tecnológicos, y por el otro, a causa de la constante evolución de la vida pública. Por ello vale plantearse si aún son válidos los viejos referentes éticos que le han servido de sustento a lo largo de varios años. En esta entrega nos ocuparemos de dos principios básicos: la objetividad y la imparcialidad.

La objetividad, como principio ético del periodismo, se refiere a la toma de distancia del informador respecto de la información. Si somos estrictos, podríamos definirla como una observación sin observador. Sin embargo, dejemos de lado esa connotación para atender al primer esbozo que trazamos. Según los criterios periodísticos, la objetividad implica la descripción aséptica de los hechos.

La consideración de la “objetividad” como un principio básico del periodismo tuvo como origen el sensacionalismo que, antes y durante la Segunda Guerra Mundial, privó en los medios impresos, con el fin de conseguir mayores ventas. En ese tipo de periodismo poco importaba si la información de la que se daba cuenta era verdadera o no. Por lo que el llamado “periodismo objetivo”, que sentó sus reales en Estados Unidos después de finalizada la guerra, se concentró en llevar la bandera de la verdad. Su intención fue la de diferenciarse del periodismo amarillista. De esa forma se ciñó la información a un cartabón que le restó vitalidad, y al mismo tiempo limitó las potencialidades del periodista.

El sociólogo Heriberto Muraro señala que “la estrategia de maximización de la audiencia provocó el desarrollo de una de las mayores creaciones literarias de la época: el llamado periodismo objetivo (...). El aspecto central del periodismo objetivo es lo que ha dado en llamarse la sacralización de los hechos: una reformulación brillante de los criterios de verdad científica al contexto del periodismo" (H. Muraro. Políticos, periodistas y ciudadanos. 1997).

Y es que desde el enfoque objetivista se piensa que la información está contrapuesta a la opinión. Cuando se podría muy bien argumentar, desde otra perspectiva, que son complementarias y entre ambas crean opinión pública. Para el periodismo objetivo, el reportero no es más que un recolector y ordenador de información; no tiene mayor papel y presencia en el proceso informativo. Y si la información es antagonista de la opinión, y por tanto objetiva, el juicio es subjetivo, y por consecuencia, no cabe en la noticia. Lo que nos lleva a pensar en la configuración de la “objetividad” como un principio de abstención del juicio.

En otras palabras, el informador debe de evitar discernir en aras de cumplir con su labor. Si el viejo modelo de la pirámide invertida, y tener que responder en el cuerpo noticioso a una serie de preguntas básicas nos dice cómo se redacta una nota, entonces el profesional de la información se queda para sí con su perspectiva de los sucesos.

En apariencia lo anterior tiene como propósito no influenciar la opinión de los lectores. Sin embargo, la noticia “neutra” no aporta mayores elementos al receptor, porque presupone en éste un nivel de conocimiento de los antecedentes de los hechos y sus repercusiones.

Ahora, esa falta de juicio que se le exige al periodista corresponde a la percepción de que éste no debe fijar su posición frente a los hechos. De acuerdo a Luis Ramiro Beltrán: “la imparcialidad – la actitud de no tomar partido en pro ni en contra de nadie ni de nada – se supone correlato de la objetividad cuando no característica de ella, como también la neutralidad y la ecuanimidad. Y lo opuesto a la objetividad es, evidentemente, la subjetividad”. (Luis R. Beltrán. “La objetividad, ¿mito o meta?”. 2005).

En España, por ejemplo, existe una doctrina jurisprudencial llamada “reportaje neutral”, que tiene que ver con el reflejo, por parte del periodista, de los distintos puntos de vista existentes en torno a un acontecimiento, sin que éste prejuzgue sobre su contenido. Sin embargo, cabe la pregunta ¿siempre es conveniente la imparcialidad? Por ejemplo, en un caso de delito de lesa humanidad, ¿es suficiente con dar a conocer las distintas versiones de los hechos?

Hoy por hoy, la “objetividad” y la “imparcialidad” como principios éticos del periodismo parecen estar en tela de juicio. El imperativo de ofrecer a los lectores el contexto y las consecuencias de los hechos, más allá del qué, cómo, cuándo y por qué, ha significado un desplazamiento del periodismo objetivo, a distintas formas de elaboración, como el interpretativo o el nuevo periodismo.

Asimismo, y como en tiempos anteriores, la necesidad de ganar más lectores y, por consiguiente, lograr mejores ventas, ha supuesto un cambio de paradigma, en el que el subjetivismo ha recuperado terreno. También con la aparición del periodismo ciudadano, que se realiza mediante Internet a través de blogs, la mayor participación del autor en la información se ha dado de un modo natural, dadas las características del medio.

En tiempos en que los valores se han transformado, y la sociedad cuenta con un amplio abanico de alternativas informativas, es menester buscar nuevos referentes éticos para el periodismo, si es que se le quiere dotar de un cuerpo deontológico que corresponda con las circunstancias actuales.

Las campañas electorales y el papel de la sociedad

La campaña por la presidencia se ha caracterizado por una evidente pobreza en las propuestas y, por el contrario, abundantes descalificaciones entre los principales candidatos. Una y otra vez hemos escuchado ataques superficiales entre los distintos bandos. Por ejemplo, la reciente campaña del Partido Acción Nacional en contra de Andrés Manuel López Obrador en la que lo llama “un peligro para México”, sin ofrecer mayores argumentos que el uso de imágenes editadas y frases de persuasión.

Y así han transcurrido las campañas, porque en los hechos, los planteamientos de los contendientes no se diferencian con claridad. Esto es visible cuando de definir el rumbo económico del país se trata. Tanto Roberto Madrazo, Felipe Calderón y Andrés Manuel López Obrador se han decantado por el libre mercado. Si bien la izquierda mexicana se distanció históricamente del neo-liberalismo, en la actual competencia su candidato, que a sí mismo se ve como de centro-izquierda, ha señalado en sus 50 compromisos que mantendrá los equilibrios macroeconómicos, por lo que “habrá una adecuada política monetaria y disciplina en el manejo de la inflación y el déficit público”, asunto presente permanentemente en la agenda del liberalismo económico.

Y dado que no hay diferencias sustanciales en un rubro tan importante como el económico -como si existe en los planteamientos de otras izquierdas latinoamericanas- entonces la estrategia electoral es la de los denuestos. A ese ánimo se ha sumado el presidente Vicente Fox, quien desde hace varias semanas sostiene una guerra verbal con el candidato de la Alianza por el Bien de Todos, López Obrador. El Ejecutivo se ha dedicado, casi diariamente, a enviar mensajes de advertencia al electorado sobre los riesgos que supondría la llegada al poder de un personaje con las características del tabasqueño. Que si la política social, que si la reducción de la burocracia, en fin, el presidente ocupa su energía en intervenir en el proceso electoral, lo que significa el debilitamiento de su imagen y contribuye al deterioro del ya enrarecido clima político en el país.

Por otro lado, las respuestas de AMLO también han servido para mostrarle a los ciudadanos un lado poco favorable del aspirante; un talante duro que sus seguidores evitan reconocer. Ante tal panorama, lo sensato sería que los actores políticos todos, centraran el debate en los temas fundamentales que atañen al futuro próximo de la nación. Aunque parece poco probable que lo hagan.

Por ello es necesaria la participación de la sociedad en la discusión pública y no únicamente el día de la elección. Es precisa la construcción de verdaderas redes sociales que pongan en agenda los asuntos que a todos conciernen. Si realmente se quiere transitar a un sistema democrático, entonces los ciudadanos deben despertar de su letargo y actuar. La verdadera democracia se da de abajo hacia arriba, es decir, del pueblo hacia el gobierno y no al revés. Por eso bien vale hacer la pregunta: ¿se vale que aún haya quienes digan que no les interesa la política, y se quejen de los políticos?

Los traidores

El Estado mexicano cayó derrotado ante el poder de los gigantes mediáticos del país. Esta vez fue Goliat quien aplastó a David de un pisotón. Fue un día que no se olvidará fácilmente. Los traidores triunfaron. Después de 28 años de intentos para legislar en materia de radio y televisión, el pasado jueves 30 de marzo, en el Senado se aprobaron reformas a las leyes respectivas, que, lejos de ser lo que el país necesita, representan un retroceso en varios rubros y suponen el ahogo de facto para los medios públicos.

Pese a las oposiciones de otros legisladores, de académicos, periodistas, organizaciones civiles, las radios y las televisiones públicas, la iniciativa aprobada por los diputados en diciembre del año pasado siguió adelante sin que se le cambiara una sola coma. Y los cambios votados, como se ha dicho reiteradamente, son en realidad una regresión que dificultará aún más el sinuoso camino de los medios estatales, universitarios, experimentales, comunitarios, etc.

Entre las características de la nueva legislación destaca el que se otorgue pocas atribuciones a la Comisión Federal de Competencia, lo que redunda en una situación de permisividad para que exista la concentración de medios; también cabe señalar la disminución de potestades estatales para la regulación mediática y la desigualdad en el estatus de los medios públicos. Lo anterior sin contar con la violación del derecho a la información, en lo que se refiere a la igualdad de oportunidades para constituir una empresa informativa, o bien, en el derecho de las audiencias a recibir información variada. Y es que en el proyecto se considera a la subasta como forma de obtención de concesiones de radio o televisión, por lo que a final de cuentas quien tenga más dinero tendrá más posibilidades.

Independientemente de que las televisoras hayan o no presionado a los legisladores para aprobar las reformas, los verdaderos traidores tienen nombre y apellido. Porque las empresas informativas pueden aducir la legítima promoción de sus intereses, pero los senadores no tienen disculpa alguna: actuaron en contra del interés público. Esos traidores son: Diego Fernández de Cevallos, Héctor Osuna, Enrique Jackson, Erick Rubio, Héctor Larios, Mariano González Zarur y Emilio Gamboa Patrón, por parte de los líderes, además de todos aquellos corifeos que dieron su voto a favor. Que no se nos olviden sus nombres y su papel en este asunto. Porque su error le costará caro a la democracia.

También entre los candidatos a la presidencia se dio la traición. Felipe Calderón, del PAN, y Roberto Campa, del PANAL, defendieron las supuestas ventajas de las reformas, mientras que Roberto Madrazo, del PRI-PVEM, evitó pronunciarse y, por el contrario, señaló que no es tema de su campaña. Habrá que tener muy presente esto en julio próximo.

Ahora la pregunta es, una vez dado el ominoso evento ¿qué se puede hacer? Existen al menos tres caminos que evitarían que se consumara el atraco. El primero es que el presidente Vicente Fox usara su derecho de veto para hacer observaciones al texto, sobre temas fundamentales de la legislación. Esto sería adoptar una actitud republicana, que seguramente se recordaría por quienes han promovido una reforma justa para los medios electrónicos y por la nación entera.

Sin embargo, no es probable que el presidente esté a la altura de las circunstancias, porque no lo ha estado en todo el sexenio. Aún quedan los ecos del decretazo con que se borró de un plumazo el impuesto de 12.5% de tiempo aire a los medios electrónicos; también vive en la memoria el “¿y yo por qué?”, cuando la toma del Chiquihuite.

La segunda vía tiene que ver con la promoción de una controversia constitucional, para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronuncie al respecto. Pero se necesita del 33% de los senadores para presentarla. Una tercera posibilidad comprende la introducción de recursos de amparo, sobre todo por parte de los radiodifusores pequeños, que serán los más afectados por las reformas.

Hay voces que ya se han pronunciado por recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para que disponga de medidas cautelares que eviten la operatividad de la nueva ley, así como para que este organismo resuelva sobre la violación del derecho a la información que supone esta medida.

De no conseguirse en el futuro inmediato posponer la vigencia de la normativa, habrá que esperar al cambio de legislatura. Sin embargo, el panorama es poco alentador, lamentablemente. Se trata de un indicador de que la incipiente democracia mexicana está en peligro. Hoy corremos el riesgo de que todo lo conseguido durante los últimos años caiga por la borda ante la ambición desmedida de quienes buscan satisfacer sus intereses por encima de los del país. Aunque suene demasiado pesimista, es la realidad.

Acceso a la información municipal

Aunque en México se han dado pasos importantes para consolidar el acceso a la información pública en la esfera federal y estatal, es en el nivel municipal en el que hay que poner especial énfasis, en el entendido de que hablamos del gobierno más cercano a la gente y del que gestiona sus necesidades inmediatas.

Organismos como la Conferencia Nacional de Municipios de México (Conamm) han ubicado la importancia del asunto para actuar en consecuencia, y han realizado cursos y foros para compartir puntos de vista y desahogar inquietudes. Llama particularmente la atención la voluntad existente en los Ayuntamientos que participan en dichas actividades por cumplir con las disposiciones estatales e incluso, ir más allá, con el propósito de transparentar la gestión municipal.

Este comportamiento habla de que, hoy por hoy, los municipios reclaman para sí, una participación más activa en el gobierno. De modo que podemos colegir que es necesaria una reforma legal de fondo que permita a los municipios tener mayor capacidad de autogestión. Porfirio Muñóz Ledo ha señalado reiteradamente que el nivel municipal es en el que reside la soberanía, y que, por tanto, la reforma municipal es el inicio de una verdadera reforma del Estado.

Dichas consideraciones toman fuerza en temas como la transparencia y el acceso a la información, en el que es visible un compromiso de muchos municipios mexicanos, cuyo marco normativo es limitativo. Y es que poco a poco éstos toman conciencia de que un uso consciente de la información, por parte de las personas, tiene efectos significativos en su calidad de vida. Podemos decir que es palpable una transformación en la “conciencia cívica”, que deviene en un cambio de las prácticas sociales y de la esfera privada.

En el país, satisfacer el derecho a saber de la población tiene implicaciones diversas. Es un proceso novedoso y complicado que se tiene que resolver con un trabajo sistemático y definido, que logre articular varias políticas públicas factibles de llevar a cabo.

Por ello es que es preciso avanzar en dos sentidos: la reglamentación y la implementación efectiva del cuerpo normativo. El primer caso tiene que ver con la capacidad de los sujetos obligados, en este caso los Ayuntamientos, por emitir las disposiciones correspondientes para facilitar la aplicación de la ley y del reglamento de acceso a la información. Ello obliga al establecimiento de lineamientos de diversa índole, que son referente obligado para los funcionarios públicos, al momento de clasificar o desclasificar una información reservada, o bien, responder las solicitudes de los ciudadanos.

Un segundo nivel refiere al modo en que los sujetos obligados toman las medidas necesarias para cumplir en tiempo y forma con lo que la ley y el reglamento señalan. En ese sentido la capacitación de los funcionarios públicos encargados de satisfacer las peticiones informativas es fundamental, y precisa de una conciencia, por parte de éstos, del principio de que toda la información es pública y que las excepciones son eso, salvedades. Así podrán clasificar correctamente los documentos, para que, sólo en los casos previstos por la ley, una información se mantenga en secreto. Ambos niveles requieren mejorar la forma en que se organizan y preservan los documentos públicos en poder de los municipios, para facilitar su búsqueda y acceso, por parte de la sociedad.

Esos son los temas del debate respecto del acceso a la información en los Ayuntamientos. Conviene analizarlos y discutirlos a profundidad, para propiciar un marco en el que la voluntad del gobierno y el ejercicio permanente de una contraloría social, sean los elementos determinantes de un proceso que -aunque no exento de errores- pueda generar una nueva conciencia ciudadana en la sociedad.

Las instituciones del acceso a la información

En México no podemos hablar de que las instituciones del acceso a la información pública estén plenamente consolidadas. Su construcción, resultado de un intenso proceso legislativo, no exento de debates, ha significado para Latinoamérica un hecho modélico, y, por tanto, digno de imitarse. Sin embargo, aún existen obstáculos que impiden a dichos organismos la correcta garantía del libre acceso a la información.

El jueves de la semana pasada se dio a conocer el intento de los senadores panistas, Jorge Zermeño y Fauzi Handam, de emprender reformas para limitar la actuación del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI). La iniciativa, que fue tachada de “aberración” por los comisionados, facultaba al Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa para conocer sobre las resoluciones administrativas favorables a los particulares en materia de apertura informativa. En otras palabras, los fallos del IFAI, de acuerdo al proyecto, eran sujetos a un proceso de litigio que dificultaría el acceso a los documentos por parte de aquellas personas a quienes el Instituto les diera una resolución favorable.

Afortunadamente la iniciativa fue retirada de inmediato, ante las protestas de los miembros del IFAI. La presidenta del organismo, María Marván Laborde, señaló que de haberse aprobado el texto, "el Instituto no tendría los recursos humanos ni materiales para enfrentar cientos de litigios que, sin duda, interpondrían las dependencias y entidades ante el Tribunal" (El Universal, 09/03/06). En una rueda de prensa, la funcionaria recordó que en 2005 se presentaron 88 amparos contra sus resoluciones, de los cuales 71 se resolvieron a su favor. Lo anterior, sin duda, es una muestra de que el Instituto cumple con su labor en forma satisfactoria.
El embajador de México ante la OCDE, Carlos Elizondo, reconoció que en materia de transparencia “México está muy bien visto en el mundo, ya que en estudios de la OCDE, el caso mexicano es muy bien recibido, porque el IFAI es una institución con capacidad administrativa sólida, y con una ley que siempre puede tener más recursos de los que ya tiene” (El Universal, 10/03/06).

Sin embargo, hay un hecho sobre el que se debe poner atención: que la naturaleza jurídica de esas entidades aún es limitada, y se requiere dotarlas de mayores facultades para que puedan hacer frente al desafío de garantizar el libre acceso a la información a las personas.

Y es que organismos como el IFAI y las distintas comisiones estatales, se han integrado como entes con autonomía de gestión y decisión, pero no con autonomía formal como la de la Comisión Nacional de Derechos Humanos o el Instituto Federal Electoral. En Puebla, como ejemplo, la Comisión Estatal de Acceso a la Información Pública es un órgano “auxiliar” del Poder Ejecutivo. La razón de esta conformación tiene que ver con un proceso ciertamente nuevo, al que los actores políticos aún temen, pues no conocen a profundidad los alcances de los ordenamientos en materia de transparencia. Por ello es preciso constituir al IFAI como un órgano constitucional autónomo, para evitar la distorsión de sus objetivos, asunto que también fue promesa presidencial que no se ha cumplido.

A la par de la configuración jurídica del Instituto y las comisiones, otro de los obstáculos para el desempeño de sus funciones ha sido la inexperiencia de sus integrantes. Inexperiencia no en sentido peyorativo, sino porque, al ser instituciones de reciente creación, los miembros no conocen todavía su funcionamiento sino que adquieren la experiencia en el día a día, en el diseño de lineamientos, en la resolución de los recursos de revisión, etc.

No se puede dar marcha atrás en materia de apertura informativa, porque el establecimiento de la legislación en la materia no ha sido una mera concesión del régimen, sino un logro de los ciudadanos por conocer las acciones del gobierno y participar en la discusión pública.

Hacia una ley de archivos públicos en México

Una de las asignaturas pendientes en México ha sido la construcción de un sistema jurídico de protección de los archivos públicos. Y es que éstos representan una de las piedras angulares del derecho de acceso a la información pública, junto con la protección de datos personales. Además, los archivos son los custodios del patrimonio documental del país, desafortunadamente poco valorado. En el contexto de esa necesidad el senador César Camacho Quiróz presentó una iniciativa de ley que fue dictaminada en diciembre del año pasado por las comisiones unidas de Gobernación y Estudios Legislativos.

El proyecto representa un paso importante porque promueve la discusión de las reglas para organizar, sistematizar y proteger los registros. Asunto que no es menor, si tomamos en consideración que la falta de reglamentación ha propiciado el desorden y el caos en gran parte de los archivos de la república, cuestión que se ha subsanado en ocasiones con la voluntad de algunos directivos y del personal que labora en dichas instituciones. A ese respecto el Archivo General de la Nación ha servido de referente obligado en el tema, y su importancia está fuera de toda duda.

Pese a que en general es un avance que se pretenda legislar sobre la materia, la iniciativa presenta diversas deficiencias que podrían trastocar sus objetivos y convertirla en un mero instrumento administrativo, carente de propósitos más elevados como el de la protección del valor histórico documental. En ese sentido, la propuesta no legisla desde una perspectiva integral de conservación del patrimonio.

Incluso, parece que fuera una adición de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (LFTAIPG), lo que es inconveniente, pues aunque se trata de ámbitos solapados, es necesario que se diferencien claramente. No se puede soslayar que cada norma sirve a propósitos propios y que es en su conjunto que generan condiciones que posibilitan el ejercicio del derecho a la libre información. Ni la ley de archivos ni la de datos personales deben de estar subordinadas a la ley de información.

Por otra parte, se plantea como ley federal cuando debiera ser general, porque muy pocos estados del país tienen leyes de archivos, por ejemplo, Puebla cuenta con una ley de finales de los 70. El ámbito de aplicación del proyecto es restringido al Ejecutivo, los poderes Legislativo y Judicial y los órganos constitucionales autónomos. Ante ese panorama lo adecuado hubiera sido una Ley General de Archivos, que obligara también a los estados de la república a cumplir con la normatividad.

Entre otras cosas, la propuesta otorga demasiadas competencias al IFAI y pocas al Archivo General de la Nación. Como botón de muestra, el dictamen de valoración para dar de baja un documento al que se refiere el artículo 16 le corresponde al Instituto, cuando debiera ser emitido por el AGN, porque este último es el experto en materia archivística. En lugar de ello, el artículo señala que "los Sujetos Obligados a que se refiere el artículo 48 de esta Ley, podrán solicitar la opinión del Archivo General de la Nación respecto al valor histórico de un documento". Lo que convierte a la "opinión" del Archivo en una posibilidad pero no en una obligación. También se faculta al IFAI para hacer visitas de inspección, como si dicho órgano tuviera los elementos para calificar un correcto desempeño en cuestión de registros.

La iniciativa propone un programa y un sistema de archivos interinstitucional, cuando lo deseable es que se cree un Consejo de Archivos formado por expertos que puedan dar opiniones técnicas fundadas y establezcan criterios para resolver problemas derivados de la aplicación de la norma. En lo referente a las sanciones, la remisión que se hace a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos es insuficiente, porque además dicha norma no considera los supuestos que constituirían infracciones.

Entre lo rescatable del proyecto está el reconocimiento explícito de la información como elemento fundamental de la toma de decisiones en una democracia, lo que sienta un precedente muy importante para establecer criterios sobre derecho a la información. Sin duda el dictamen debe ser objeto de una discusión amplia, en la que se incluya a expertos en la materia y a los trabajadores de los archivos. Esa será la única forma de darle vida a un cuerpo normativo que le garantice a los mexicanos el correcto resguardo de su patrimonio documental.

Cinco preguntas y sus respuestas sobre acceso a la información pública

En medio de la tormenta política que ha azotado a Puebla las últimas semanas, ha pasado inadvertido un hecho importante: la entrada en operatividad la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Si bien los hechos conocidos recientemente son la prioridad en el debate público, es preciso dedicar unas líneas a comentar la importancia que tiene, para la vida social, contar con una ley de información.

Aunque a legislación -que fue publicada en el Periódico Oficial el 16 de agosto de 2004- es una de las más deficientes del país de acuerdo con un estudio de Libertad de Información-México (Limac), que la ubica en el lugar 25 de 27, no se puede negar que ésta constituye una oportunidad para empezar a conocer aquellos documentos que están en poder de los organismos gubernamentales y que durante varias décadas fueron un secreto para los ciudadanos.

Por ello es preciso conocer la legislación y sus alcances, así como los procedimientos que la misma establece. Es necesaria la difusión de la norma y el correcto funcionamiento de los mecanismos de salvaguarda de los solicitantes. Y en ello juegan un papel primordial las comisiones de acceso a la información pública, tanto la estatal como las municipales y las de los poderes judicial, legislativo y órganos constitucionales autónomos, algunas de éstas de constitución reciente. Porque no basta con que se dé a conocer que la norma ya entró en operatividad, sino que dichos organismos tienen que dar todas las facilidades a los poblanos para que sepan la forma en que pueden hacer uso de su derecho a saber.

Por lo pronto desde este espacio, y para contribuir a brindar mayores elementos a la sociedad, se plantean cinco preguntas fundamentales y sus respuestas. Primera, ¿qué es información pública? Podemos decir que aquellos datos y documentos que pertenecen a todos y que a todos interesan. Por ejemplo, los sueldos se los funcionarios públicos, las licencias para el funcionamiento de bares y restaurantes, la forma en que se otorga la concesión de un servicio público, etc.

Segunda. ¿Qué es el derecho de acceso a la información pública, objeto de la ley? Cuestión que puede responderse sintéticamente se la siguiente forma: el derecho de acceso a la información pública es la capacidad que tenemos todos y todas las personas de investigar y recibir información de carácter público, que generan y resguardan los órganos que conforman el Estado.

Tercera. ¿Cómo se puede ejercer ese derecho? A nivel federal a través de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (LFTAIPG) en las distintas delegaciones federales en Puebla y a través de Internet en el sistema de solicitudes de información (www.sisi.gob.mx). En el plano estatal y municipal mediante la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, que establece como único requisito para el solicitante en las Unidades de Acceso a la Información que deben estar debidamente instaladas en cada dependencia gubernamental.

Cuarta. ¿Para qué sirve tener acceso a los documentos públicos? Para mejorar sensiblemente la calidad de vida de las personas a través de la toma de decisiones informadas. Lo anterior en el entendido de que una persona informada tiene una mayor capacidad de elección. Por ejemplo, conocer la forma en que son evaluados los profesores y sus calificaciones incide en el conocimiento de si una escuela es mejor que otra.

Quinta. ¿Qué pasa si se niega una solicitud de información? La legislación prevé un recurso de revisión para impugnar la decisión de las autoridades de no proporcionar los documentos pedidos. Dicho recurso es resuelto por un organismo con autonomía de operación y decisión como es la Comisión de Acceso a la Información Pública del Estado (CAIP) y los órganos análogos en los municipios y demás poderes.

Son cinco cuestiones de primer orden sobre este nuevo derecho, que debe ser ejercido a plenitud por los poblanos para construir una sociedad de verdaderos ciudadanos que puedan opinar e intervenir en los asuntos públicos.

¿Acto intervencionista o simple anécdota?

De patética podemos calificar la reacción del gobierno mexicano ante la expulsión de un grupo de cubanos del hotel María Isabel Sheraton en el Distrito Federal. El miedo a desatar un nuevo incidente diplomático, luego del reciente conflicto propiciado por las declaraciones del embajador Tony Garza respecto a la seguridad fronteriza, ha puesto en ridículo a la administración del presidente Vicente Fox y, en concreto, al secretario de relaciones exteriores, Luis Ernesto Derbez.

En declaraciones publicadas el sábado, Derbez señala que para defender la soberanía nacional, en el gobierno “no nos enredamos en la bandera nacional ni nos lanzamos del castillo de Chapultepec'' y pidió tomar la relación bilateral con seriedad. Dijo: ''Si no entramos en un debate serio, si no vemos verdaderamente la relación, si no encontramos los objetos y las relaciones que se dan, estamos causando que lo anecdótico vaya por encima de lo que es sustantivo en la frontera”. (La Jornada, 11/02/06).

Calificar el incidente de simple anécdota es una respuesta poco inteligente, sobre todo luego de la polémica que ha desatado un acto que claramente se aprecia como intervencionista. Ahora, si el secretario Derbez entiende la defensa de la soberanía nacional como un acto heroico, en la alusión que hace a la hazaña de los niños héroes, entonces está llamado a actuar con heroicidad. Porque no es un asunto menor que Estados Unidos aplique extraterritorialmente su ley en México. Y ello ha sido ya aceptado tanto por el hotel como por el gobierno de Washington. Si en territorio nacional valen otras leyes que no son las emanadas de la constitución y de los tratados internacionales que el país suscribe, entonces lo congruente es que el gobierno adopte una posición fuerte frente a dicha intromisión.

Por más que en el discurso oficial se quiera minimizar los alcances del incidente, queda claro que se trata de un caso grave de violación a las leyes mexicanas que prohíben la discriminación y la inmovilización de dinero por parte de un particular. ¿O es poca cosa el hecho de que el dinero que pagó la delegación cubana haya sido secuestrado por el hotel a pedido del Departamento del Tesoro de Estados Unidos?

Incluso en nuestro vecino país se oyen voces en contra de la actitud asumida por las autoridades estadunidenses. El periódico Miami Herald, en su editorial del viernes pasado, llama a los funcionarios norteamericanos a disculparse con nuestro país. “Una nación amigable ha sido insultada, algunos negocios estadunidenses en México están alarmados, y Cuba puede una vez más pintarse a sí misma como la parte agraviada en su disputa con Estados Unidos” reza el texto.

Además, el incidente ha lastimado aún más la relación de Cuba con México. El periódico oficial Granma condenó la reacción del gobierno foxista y al respecto señaló que “no puede menos que experimentarse una extraña mezcla de perplejidad y casi un sentimiento de lástima''. Porque la inacción de las autoridades mexicanas es una forma de avalar la discriminación hacia los cubanos, o dicho de otro modo, de dar un espaldarazo a la política anti-cubana del presidente Bush.

Más allá de que el asunto se politice y algunos partidos quieran llevar agua a su molino, lo cierto es que el hecho como tal mueve a la indignación. Una vez más Estados Unidos trata a México como su patio trasero, por lo que no considera que haya necesidad de ofrecer una disculpa. Ya lo dijo hace un tiempo el ya fallecido Adolfo Aguilar Zínzer, entonces embajador mexicano en la ONU. Hay que recordar también las palabras del benemérito de las Américas, que no pierden vigencia: “entre las naciones como entre los individuos, el respeto al derecho ajeno es la paz”.

La honda secuela de unas caricaturas

Las protestas desatadas entre la población de algunos países musulmanes por la publicación de un grupo de caricaturas de Mahoma, obligan a pensar en varios asuntos, entre ellos el de la libertad de información y si las diferencias entre occidente y el islamismo son tan hondas que la convivencia entre ambos mundos está vedada. Sobre esos temas es preciso hacer unas consideraciones.

Primero, si bien la universalización de los derechos humanos ha sido un proceso occidental de imposición de valores a una población muy diversificada, hay que pensar en que éstos han sido aceptados por varios países musulmanes que integran la Organización de las Naciones Unidas y, por tanto, suscriben lo que establece la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. Sin desconocer que ello ha implicado también el intento de algunas naciones, especialmente de Estados Unidos, de implantar un modelo "democrático" de gobierno en sitios como Irak, en donde se celebraron elecciones a instancias del país ocupacionista.

Pero de vuelta a dicha declaración, ésta enuncia en su artículo 19 el derecho humano a la información de la siguiente forma: "Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión". Sin embargo en el artículo anterior, el 18, se dice: "Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia". Pareciera que en el caso que nos ocupa existen dos derechos en conflicto. Porque la prohibición de representar gráficamente a Mahoma es parte de la observancia de una religión específica y ello está incluido en el documento de referencia. Pero también existe la facultad de comunicar opiniones sin ser molestado a causa de las mismas.

Por lo que el asunto, que es aparentemente sencillo, reviste una complejidad importante. El derecho a la información en los países europeos ha encontrado consenso, por ejemplo, en el artículo 11 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, aprobada en el 2000. Dicha prerrogativa, que incluye las libertades de expresión y de opinión, es fundamental para el desarrollo humano por lo que no debe ser limitada, a menos que se trate de los supuestos de excepción que conlleva el ejercicio de cualquier derecho.

En el caso del derecho a la información son tres los límites fundamentales: la afectación a la seguridad de los estados, a la aplicación de leyes y a derechos privados. Ahora, ¿las caricaturas son una afectación directa a la libertad de culto o son una insensibilidad por parte del autor?, ¿alguien ve afectado su derecho a profesar una religión por la publicación de dichas viñetas? pareciera que no. Es probable que se trate de muy poco tacto del autor, quien al realizarlas no cuidó la sensibilidad de una parte del público que profesa el islamismo. Pero es innegable que tiene todo el derecho de publicarlas. En Dinamarca, lugar donde fueron publicados por primera vez los cartones, la ley que estableció la libertad de prensa data de 1770.

El teórico español de derecho de la información, José María Desantes Guanter, decía que en caso de duda se debe actuar a favor de la información, en alusión al principio de derecho penal in dubio pro reo. En otras palabras, es mejor que se conozca la información de referencia a que se oculte. Sobre todo luego de la publicación en otros medios de las mentadas caricaturas, porque lo otro constituiría un caso de censura previa, como ha denunciado la agrupación periodística de Sudáfrica, toda vez que un juez prohibió la difusión de las viñetas en diarios sudafricanos.

Aunque con el razonamiento anterior queda demostrado el derecho de publicación del diario danés que dio a conocer las viñetas, hay otros argumentos que agregan peso a la afirmación. En países como España, en que la protección del derecho al honor, a la intimidad y la propia imagen merecen una ley específica, en el caso de la emisión de caricaturas se reconoce un tratamiento especial. La legislación 1/1982 señala en su artículo octavo que "no se reputarán, con carácter general, intromisiones ilegítimas las actuaciones autorizadas o acordadas por la Autoridad competente de acuerdo con la ley, ni cuando predomine un interés histórico, científico o cultural relevante" y agrega en su punto 2 que el derecho a la propia imagen no impedirá "su captación, reproducción o publicación por cualquier medio cuando se trate de personas que ejerzan un cargo público o una profesión de notoriedad o proyección pública y la imagen se capte durante un acto público o en lugares abiertos al público (...) la utilización de la caricatura de dichas personas, de acuerdo con el uso social".

Al margen de la cuestión relativa al ejercicio de la libertad de información está un asunto de mayor calado, que tiene que ver con las diferencias culturales que hacen que occidente y el medio oriente vean al mundo de diferente forma. No obstante, es excesivo el planteamiento que, por sobre la diversidad existente en la tierra, establece el dilema de los unos o los otros. Por el lado musulmán es clara esta opinión en grupos terroristas como Al Qaeda. Por el lado occidental algunos autores como Samuel Huntington -el mismo que ve el crecimiento de la población mexicana en EUA como una amenaza- en su libro "Choque de civilizaciones" o el propio presidente George W. Bush en su discurso de "o están con nosotros o en contra nuestra" es un ejemplo del preocupante maniqueísmo con que se intenta manipular a la población para avalar una guerra por petróleo. Visión que poco a poco convierte a las víctimas en victimarios y viceversa. Porque pedir respeto mediante la quema de embajadas no es la mejor forma de conseguirlo.

Conviene preguntarse si se podrán establecer las bases de una convivencia armónica entre distintas formas de percibir la realidad o los atavismos de todos los involucrados serán tan fuertes que en el futuro acaben con el mundo mismo. Desde luego una pregunta tan abierta como sus posibles respuestas.

Violencia galopante en México

Después de los hechos ocurridos en Acapulco, en que un grupo de sicarios se enfrentó a la policía, merece la pena que dediquemos unas líneas a la reflexión sobre el clima de inseguridad que se vive en el país. En los últimos meses se ha dibujado de manera muy clara que el narcotráfico y el crimen organizado le han ganado la batalla al gobierno federal.

Y es que los sucesos que se han dado en el norte del país, y recientemente en sitios otrora turísticos como el puerto acapulqueño, nos hablan de una gran ineficacia en el sistema de persecución de los delitos. Pareciera que existe un vacío de poder que es llenado por quienes, en abierto desafío al estado mexicano, viven bajo sus propias leyes. En los últimos tres sexenios las pugnas entre narcos han ido en aumento, y en este último están prácticamente desbocadas.

Pero el gobierno empieza por no reconocer la gravedad de la situación. Ayer el secretario de gobernación, Carlos Abascal Carranza, desestimó que hechos como los de Acapulco afecten la estabilidad del país. Dijo: ''estas expresiones de violencia son muy lamentables pero están bien circunscritas, bien ubicadas y seguiremos trabajando para dar a la sociedad la paz que merece." (La Jornada, 30/01/06).

Si atendemos a su razonamiento, parece que no hubiera que preocuparse mucho porque esas "expresiones" están muy "bien circunscritas"; lo que no dice el secretario es que están circunscritas a cada vez más estados de la república: Sinaloa, Tamaulipas, Michoacán, Guerrero, Chihuahua, Nuevo León, Baja California, el Distrito Federal y otros. Y si se sigue por ese camino, muy pronto estarán circunscritas a todo el territorio nacional.

La actitud del gobierno ha sido reactiva y no proactiva, a veces incluso efectista. Apenas se conocen enfrentamientos o hechos violentos que conmocionan a la opinión pública, el gabinete de seguridad se reúne para definir estrategias, en lugar de realizar una vigilancia permanente sobre el asunto, que amenaza con tomar nuevas dimensiones, de mayor peligrosidad.

Hace unos años, y con una buena visión prospectiva, el escritor y periodista Federico Campbell alertaba en un artículo sobre la "colombianización" de México. Lo que implica llegar a niveles como los del país centroamericano, en que se creó el sistema de los jueces encapuchados, para que no existieran represalias de los delincuentes en contra de los juzgadores. En otras palabras, el miedo del estado hacia los criminales. Para nadie es un secreto que, ante la falta de acciones efectivas por parte de las autoridades, el crimen se apodera de las ciudades, y en algunas, se ha convertido en el poder de facto.

El presidente Vicente Fox se reunirá por vigésima ocasión -que en realidad son pocas para un sexenio- con el Consejo Nacional de Seguridad Pública, en el que participan los secretarios de Seguridad Pública, de Gobernación, de la Defensa Nacional y de Comunicaciones, además del Procurador General de la República y otros funcionarios, entre ellos representantes de los 31 gobiernos estatales y el Distrito Federal. Por más reuniones que existan, si no se articula de una vez por todas un plan efectivo para combatir el tráfico de drogas y el crimen organizado, no se podrá avanzar en ese terreno, y no es poca cosa porque se corre el riesgo de la ingobernabilidad.

Este año electoral, el tema tendrá que ser objeto de la discusión entre los distintos aspirantes a la primera magistratura de la nación. No se puede obviar en los discursos ni en las propuestas, que en general resultan frases huecas y repetitivas. Los candidatos deben tomar el asunto con seriedad y hacer un compromiso frente a la nación de satisfacer la demanda social de seguridad, que ha sido expresada en el país a través de grupos sociales y organizaciones civiles, entre otros. Es uno de los temas centrales de esta elección, en que se juega el presente y futuro de México, y no solamente un botín político para la camarilla vencedora.

Bienvenidos

Bienvenidos. Me gustaría que en este espacio pudieramos compartir puntos de vista sobre diversos temas que atañen a la política y, en concreto, al derecho a la información. Aquí podrán encontrar una selección de diversas columnas que escrito a lo largo de este año y que nos pueden orientar respecto a los temas del debate. Reciban un afectuoso saludo.

Manuel de Santiago Freda