Los traidores

El Estado mexicano cayó derrotado ante el poder de los gigantes mediáticos del país. Esta vez fue Goliat quien aplastó a David de un pisotón. Fue un día que no se olvidará fácilmente. Los traidores triunfaron. Después de 28 años de intentos para legislar en materia de radio y televisión, el pasado jueves 30 de marzo, en el Senado se aprobaron reformas a las leyes respectivas, que, lejos de ser lo que el país necesita, representan un retroceso en varios rubros y suponen el ahogo de facto para los medios públicos.

Pese a las oposiciones de otros legisladores, de académicos, periodistas, organizaciones civiles, las radios y las televisiones públicas, la iniciativa aprobada por los diputados en diciembre del año pasado siguió adelante sin que se le cambiara una sola coma. Y los cambios votados, como se ha dicho reiteradamente, son en realidad una regresión que dificultará aún más el sinuoso camino de los medios estatales, universitarios, experimentales, comunitarios, etc.

Entre las características de la nueva legislación destaca el que se otorgue pocas atribuciones a la Comisión Federal de Competencia, lo que redunda en una situación de permisividad para que exista la concentración de medios; también cabe señalar la disminución de potestades estatales para la regulación mediática y la desigualdad en el estatus de los medios públicos. Lo anterior sin contar con la violación del derecho a la información, en lo que se refiere a la igualdad de oportunidades para constituir una empresa informativa, o bien, en el derecho de las audiencias a recibir información variada. Y es que en el proyecto se considera a la subasta como forma de obtención de concesiones de radio o televisión, por lo que a final de cuentas quien tenga más dinero tendrá más posibilidades.

Independientemente de que las televisoras hayan o no presionado a los legisladores para aprobar las reformas, los verdaderos traidores tienen nombre y apellido. Porque las empresas informativas pueden aducir la legítima promoción de sus intereses, pero los senadores no tienen disculpa alguna: actuaron en contra del interés público. Esos traidores son: Diego Fernández de Cevallos, Héctor Osuna, Enrique Jackson, Erick Rubio, Héctor Larios, Mariano González Zarur y Emilio Gamboa Patrón, por parte de los líderes, además de todos aquellos corifeos que dieron su voto a favor. Que no se nos olviden sus nombres y su papel en este asunto. Porque su error le costará caro a la democracia.

También entre los candidatos a la presidencia se dio la traición. Felipe Calderón, del PAN, y Roberto Campa, del PANAL, defendieron las supuestas ventajas de las reformas, mientras que Roberto Madrazo, del PRI-PVEM, evitó pronunciarse y, por el contrario, señaló que no es tema de su campaña. Habrá que tener muy presente esto en julio próximo.

Ahora la pregunta es, una vez dado el ominoso evento ¿qué se puede hacer? Existen al menos tres caminos que evitarían que se consumara el atraco. El primero es que el presidente Vicente Fox usara su derecho de veto para hacer observaciones al texto, sobre temas fundamentales de la legislación. Esto sería adoptar una actitud republicana, que seguramente se recordaría por quienes han promovido una reforma justa para los medios electrónicos y por la nación entera.

Sin embargo, no es probable que el presidente esté a la altura de las circunstancias, porque no lo ha estado en todo el sexenio. Aún quedan los ecos del decretazo con que se borró de un plumazo el impuesto de 12.5% de tiempo aire a los medios electrónicos; también vive en la memoria el “¿y yo por qué?”, cuando la toma del Chiquihuite.

La segunda vía tiene que ver con la promoción de una controversia constitucional, para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronuncie al respecto. Pero se necesita del 33% de los senadores para presentarla. Una tercera posibilidad comprende la introducción de recursos de amparo, sobre todo por parte de los radiodifusores pequeños, que serán los más afectados por las reformas.

Hay voces que ya se han pronunciado por recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para que disponga de medidas cautelares que eviten la operatividad de la nueva ley, así como para que este organismo resuelva sobre la violación del derecho a la información que supone esta medida.

De no conseguirse en el futuro inmediato posponer la vigencia de la normativa, habrá que esperar al cambio de legislatura. Sin embargo, el panorama es poco alentador, lamentablemente. Se trata de un indicador de que la incipiente democracia mexicana está en peligro. Hoy corremos el riesgo de que todo lo conseguido durante los últimos años caiga por la borda ante la ambición desmedida de quienes buscan satisfacer sus intereses por encima de los del país. Aunque suene demasiado pesimista, es la realidad.