Manuel de Santiago en Hechos Puebla

Manuel de Santiago Freda habla, en el noticiario Hechos Puebla, sobre el proceso de renovación en la Comisión Estatal de Acceso a la Información Pública. (11/12/06).



Debido a que los usuarios han reportado problemas para visualizar esta pantalla, el video se encuentra disponible en el siguiente link: http://www.youtube.com/watch?v=2zz8m2dzd5k

Renovación en la CAIP

El gabinete de la continuidad

Confuso panorama

Final de sexenio

Oaxaca sitiada

Periodismo amenazado

Índice de Fuentes de Soborno

A partir de esta semana iniciamos la modalidad de la video-columna, por lo que ahora la podrán ver y escuchar. Esperamos sus comentarios en torno a esta nueva aventura que emprende nuestro blog.

Acceso a la información: la experiencia europea

De acuerdo al teórico Osterdahl, la libertad de información está íntimamente ligada a la libertad de expresión. El teórico señala que “de hecho se considera un componente de la libertad de expresión de incalculable valor. Por esto es tan valorada la apertura; se le asocia con uno de los derechos humanos y de las libertades consideradas fundamentales en una sociedad democrática”. En ese sentido, se relacionan a ésta las libertades de comunicar información y de expresar ideas, opiniones y sentimientos, así como la libertad de obtener y recibir información.

El término como tal -acceso a la información-, es utilizado en distintos cuerpos normativos, así como por teóricos y en tesis jurisprudenciales. El Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas, que ha interpretado la norma comunitaria que otorga el acceso a los documentos de la Comisión Europea, ha señalado en sus sentencias que la Decisión 94/90 constituye un acto que “otorga a los ciudadanos un derecho de acceso a los documentos que obran en poder de la Comisión”.

En la jurisprudencia europea, el acceso a la información está vinculado a un control efectivo y eficaz del poder que ostentan las instituciones comunitarias, y, en ese sentido, es una forma de incrementar la confianza en la Administración. Asimismo refuerza el carácter democrático de las instituciones. En el Código de Conducta que dispone el acceso a la información, se considera un “principio general” el que el público tenga el más amplio acceso posible a los documentos de la Comisión y el Consejo.

La facultad de investigar es el mecanismo mediante el cual se pone en funcionamiento dicha contraloría social. Por ello, los tribunales europeos han sentado numerosos precedentes sobre la forma en que las autoridades deben proceder al responder una solicitud informativa. Como la ley comunitaria impone dos clases de excepciones –la valorativa de protección del interés público, y la discrecional del secreto en las deliberaciones-, los órganos jurisdiccionales han resuelto que las instituciones, antes de pronunciarse sobre una solicitud de acceso a determinados documentos, están obligadas “a examinar, en lo relativo a cada documento solicitado, si, a la vista de las informaciones que obran en su poder, su divulgación puede efectivamente perjudicar a uno de los intereses protegidos por la primera categoría de excepciones”. La anterior se conoce como “prueba de daño”, y ha sido desarrollada ampliamente por algunas legislaciones nacionales, como el caso de Suecia.

En España, el acceso a la información está considerado en el artículo 105 b del texto constitucional, en el capítulo que trata sobre el gobierno y la administración. Dicho artículo señala que la ley regulará “el acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos, salvo en lo que afecte a la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos y la intimidad de las personas”.

Mientras que en México, el derecho de acceso a la información como tal no tiene reconocimiento en la Constitución. Sin embargo, podría caber dentro de una definición amplia del derecho a la información –consagrado en el artículo sexto-, que lamentablemente no existe ni en las leyes ni en la jurisprudencia mexicana. La legislación en la materia, tampoco forma parte de un desarrollo del precepto constitucional. Por ello, es pertinente que el país avance, a la luz de las experiencias internacionales, por el camino de la incorporación del derecho de acceso como una garantía individual de los mexicanos. Algunos estados como Puebla y Morelos lo han hecho en sus respectivas constituciones. Pero todavía falta mucho camino por recorrer para construir un andamiaje institucional sólido, que garantice a los ciudadanos el conocimiento de los documentos públicos.

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En defensa de los blogs

En días recientes, algunos periodistas han escrito sobre el papel que actualmente juegan los blogs en el conflicto postelectoral mexicano. Merece la pena hacer un paréntesis para explicar a los lectores qué son los blogs. De acuerdo a la definición de la biblioteca más popular de Internet, Wikipedia, un blog es una bitácora o sitio web “periódicamente actualizado que recopila cronológicamente textos o artículos de uno o varios autores donde el más reciente aparece primero, con un uso o temática en particular, siempre conservando el autor la libertad de dejar publicado lo que crea pertinente”.

En México, como fenómeno de comunicación, los blogs adquirieron un protagonismo inusitado en este proceso electoral. Partidarios de Andrés Manuel López Obrador y de Felipe Calderón inauguraron los suyos para difundir las propuestas de sus respectivos candidatos. Al menos fue la intención inicial, ya que, en la medida en que transcurrieron las campañas, dichos espacios se transformaron en auténticos frentes de batalla, obvio reflejo de la polarización que alcanzó la contienda.

Un elemento que ayudó a consolidar la popularidad de estos sitios fue la incorporación de videos informativos y de propaganda, los segundos aunque llenos de ingenio, en ocasiones excesivos y viscerales. Por ejemplo, a López Obrador se le caricaturizó como un avestruz que esconde la cabeza ante sus problemas, mientras que a Felipe Calderón se le comparó con Hitler, y su propaganda con aquella empelada por Goebbels.

Para la mayor parte de los periodistas que han abordado el tema, estas bitácoras son espacios en los que personas anónimas promueven el odio y la desinformación. Y es que en ellos se ha cuestionado intensamente el trabajo de los medios informativos, especialmente el de la televisión, lo que ha provocado que los periodistas reciban una avalancha de correos electrónicos de sus audiencias.

Ciro Gómez Leyva escribió: “un querido colega de la radio me preguntó ayer qué debíamos hacer ante los mails jodidos y a veces aterradores. Le respondí que lo único que se me ocurría era tomar nota y seguir trabajando con la mayor puntualidad periodística posible, independientemente de que muy pocas personas estén interesadas en escuchar y discernir” (Milenio, 25/08/06).

El veterano Carlos Marín fue más allá y atribuyó al candidato de la Coalición por el Bien de Todos la autoría intelectual de los mensajes. “La virulencia de muchos mensajes que desde hace algunas semanas llegan al correo que calza este espacio (sin el aderezo de los insultos y las amenazas), corresponden a la perversidad con que Andrés Manuel López Obrador viene azuzando contra medios y periodistas” (Milenio, 28/08/06).

Mientas que, para Raymundo Rivapalacio, los blogs alientan el aniquilamiento físico de los informadores. “Los radicalismos avanzan rápidamente y la pregunta ya no es si van a linchar un día de estos a un periodista en la calle, sino quién y cuándo será linchado” (El Universal, 28/08/06).

Después de leer tan encendidos comentarios surge la pregunta de si los blogs son vistos como una amenaza para los periodistas, porque, más allá del lenguaje ofensivo que utilizan, marcan la agenda de temas importantes e incluso documentan con mayor rapidez y precisión el minuto a minuto del conflicto en que nos encontramos. Sirva de ejemplo que el Archivo del Congreso de Estados Unidos elabore permanentemente un respaldo de “El sendero del peje” (www.elsenderodelpeje.com), para la consulta del público interesado.

Quizá la razón del enojo de Marín, Gómez Leyva y Rivapalacio, tenga que ver más con el hecho de que la información se empiece a democratizar a través de medios como Internet. Probablemente se deba a la novedad de que los periodistas sean cuestionados públicamente por su desempeño, cuando tradicionalmente son ellos quienes hacen las preguntas, interpretan los sucesos, y en algunos casos, juzgan la inocencia o culpabilidad de las personas.

En cualquier caso, no se puede desconocer la importancia de los blogs en este proceso electoral y postelectoral. Tampoco se les puede callar, no hay modo; la red es libre y cualquier persona puede, gratuitamente, gestionar una bitácora o intervenir en ella. Si son moda o un asunto duradero, eso lo dirá el tiempo. Por lo pronto, no parece cercano su fin. Si a eso sumamos que los medios tradicionales no son capaces de satisfacer la necesidad del público de recibir información variada, oportuna, contrastada y actualizada, los blogs tienen cuerda para mucho rato.

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La sociedad releva a políticos y medios

El más de un millón de personas que se dio cita el domingo en el zócalo capitalino ha mandado un mensaje muy claro a los medios y a la clase política: una buena parte de la población duda de la limpieza de la elección del pasado 2 de julio. Esos mexicanos no quieren ser menospreciados. Quieren certidumbre sobre el resultado. Saben que el próximo presidente necesita legitimidad. Tienen razón.

La Coalición por el Bien de Todos y su candidato han sido rebasados. Ya no se trata únicamente de López Obrador y sus simpatizantes, sino de miles o millones de personas que quieren que se clarifique la jornada electoral. En ese sentido, se equivocan quienes ven únicamente un movimiento partidista, y cometen doble error quienes ven “renegados”; se trata ahora de un movimiento social.

Bien escribe el periodista Ricardo Rocha que “nada más falso y tramposo que decir que en esta fase poselectoral hay dos vías excluyentes: la legal en el TEPJF, y la extralegal en las movilizaciones. Porque uno de los preceptos más sagrados de la Constitución es precisamente el derecho a las manifestaciones, como la ocurrida ayer” (El Universal, 17/07/06).

Las movilizaciones, que en todo momento han sido pacíficas, no implican, como algunos analistas quieren dar a entender, que no se respete la vía de la impugnación judicial, sino el derecho constitucional de todos los mexicanos a expresarse con libertad sobre los asuntos públicos. No se le pude pedir a quienes votaron que se queden en su casa durante 6 años hasta la próxima elección, cuando tengan la posibilidad de volver a expresarse. Nadie debería olvidar que la participación democrática comprende dos vías: la voz y el voto.

Pero las pruebas presentadas por la Coalición no son contundentes, señalan algunos con razón. Luego de que se demostrara la poca eficacia de las redes ciudadanas y las estructuras partidistas, las evidencias presentadas por Andrés Manuel López Obrador la semana pasada no han sido lo que se esperaba. Tampoco lo ha sido su explicación sobre sus pretensiones en torno a la impugnación frente al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Por eso los ciudadanos ya relevan al equipo de AMLO del acopio de evidencias. Por esa razón los integrantes del naciente movimiento por la democracia han tomado el asunto en sus manos. El movimiento ciudadano empieza a entender que no puede depositarle toda su confianza a un hombre, y responsabilizarlo de su éxito o su fracaso.

También relevan a los periodistas de su labor de investigar si hubo o no un fraude electoral. Porque, a pesar de la descomunal denuncia, la mayor parte de los medios no ha hecho la tarea. Los periodistas no han sido capaces de investigar por si mismos la veracidad de la acusación, y cuestionan sin cesar. Pero la sociedad ya los cuestiona a ellos.

Ambos relevos tienen como eje principal el del uso de medios alternativos, fundamentalmente a través de Internet. En distintos blogs como “El sendero del peje” (www.elsenderodelpeje.com) o “El Plan de los Tres Puntos” (www.plandelos3puntos.org), se ofrece información actualizada sobre las denuncias ciudadanas en torno a las inconsistencias registradas durante el día de la elección. Ahí están almacenadas, por ejemplo, centenas de discordancias entre las sabanas colocadas afuera de las casillas y los reportes oficiales, así como también hay estudios de matemáticos sobre las curvas del PREP y del conteo distrital, fotografías, videos, en fin, material que el equipo legal del tabasqueño ya empieza a considerar seriamente.

No se puede soslayar el papel de este tipo de medios en procesos electorales. Basta mencionar las manifestaciones masivas en España el 13 de marzo de 2004, un día antes de la jornada electoral, y dos días después de los atentados terroristas en Atocha, mismas que fueron convocadas mediante la red de mensajes de telefonía celular. Para algunos, la organización social modificó sustancialmente la intención de voto, por lo que, José Luis Rodríguez Zapatero del PSOE, se alzó con la victoria sobre Mariano Rajoy, del conservador Partido Poupular (PP).

Hoy la sociedad reclama a los políticos, de todos los bandos, congruencia. Hoy la sociedad reclama a los medios su derecho a estar informada. Planteamientos que no se deben echar en saco roto, si en verdad se cree en la democracia.

Los saldos y retos que dejó el domingo

Quizá las del domingo hayan sido las elecciones mejor organizadas de la historia de México, con una enorme participación del electorado, pero sin duda también han sido las más competidas. Esto me produce sentimientos encontrados. Siento en la boca un sabor agridulce.

Por un lado, hay que destacar lo que ya se ha dicho hasta la saciedad: la participación de la sociedad, que venció estrepitosamente al abstencionismo. De acuerdo con recientes reportes del Instituto Federal Electoral (IFE), votó el 58.9% de los empadronados. Lo que quiere decir que hay una gran disposición de la sociedad por participar en la vida pública del país. Se trató de una jornada ejemplar que no tuvo mayores incidentes y que sentó varios precedentes.

Sin embargo, como dijeran los clásicos Calderón y López Obrador, lo aparentemente cerrado de la contienda ha provocado un escenario poco deseable: dos autoproclamados ganadores, y una espera que será larga, muy larga. Los días, las horas, los minutos y los segundos que corran hasta que la autoridad electoral ratifique el triunfo de uno y la derrota de otro serán tensos. La nación jamás había vivido un momento así.

Y es que luego de que el IFE, en la voz de su presidente Ugalde, asegurara que no es posible adelantar resultado alguno, las cosas han empezado a ir de mal en peor. Tenemos un ambiente enrarecido, con llamados del PAN y de la Coalición por el Bien de Todos a que se les reconozca un triunfo que ellos consideran irreversible. En otras palabras, que si el resultado final no los favorece, impugnarán el proceso. Afortunadamente se cuenta con la mediación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que determinará en última instancia quién ganó y quién perdió.

No hay duda de que los candidatos recurrirán a la vía jurisdiccional, y ahí tendrían que acabar las cosas, con una resolución que no deje lugar a dudas. No obstante, los ánimos están encendidos y la confianza en las instituciones se debilita. Estamos ante un hecho inédito, del que deberemos sacar lecciones, y que, a la fecha, ya deja algunos saldos.

El primero es el esbozo de un sistema político bipartidista para el país. Con la caída del PRI a una tercera posición en el Congreso, y el pequeño margen de distancia entre las dos principales fuerzas políticas, parece que avanzamos hacia una polarización social. Izquierda o derecha ¿ese será el dilema para los próximos años?

Otra consecuencia, que seguramente ya ha sido valorada por los principales contendientes, es que, esa nueva correlación de fuerzas en el legislativo, tendrá repercusiones sobre las que vale la pena detenerse. A diferencia de la legislatura actual, es probable que no haya parálisis en el Congreso, sino que la oposición concrete una alianza para sacar adelante reformas que no necesariamente sean compartidas por quien gobierne. En ese sentido, el Revolucionario Institucional será el partido comodín y aprovechará su papel, eso es seguro.

Mientras adelantamos estas conclusiones, la madre de todas las batallas está en curso. Por eso bien vale hacer un llamado a la sociedad a que se llene de paciencia y espere los resultados oficiales. Y que, dado el caso, apueste por la vía jurídica para la resolución de los conflictos. Si es preciso, voto por voto, que se hagan los recuentos que sean necesarios. La sociedad lo merece. Tampoco las autoridades electorales, que han sido constituidas tras varios años de lucha, podrían escatimar recursos o esfuerzos en esa tarea.

El país ha cambiado desde 1988. Las elecciones del domingo son una muestra de ello. Hoy contamos con un andamiaje institucional diseñado para dar certidumbre al los procesos. Estamos, literalmente, ante la prueba de fuego para la democracia electoral mexicana. ¿La superaremos? Esperemos que si.

La campaña negra si funciona

Luego de un debate gris, que cumplió con casi todos los pronósticos, las preferencias electorales se han modificado sustancialmente, al menos, es lo que señalan los estudios demoscópicos. Y es que en el período conocido como posdebate, el candidato blanquiazul, Felipe Calderón, ha bajado del primero al segundo lugar en la contienda presidencial.

El llamado “cuñis gate”, con las revelaciones sobre los negocios de Diego Zavala, cuñado de Calderón, ha dado un vuelco a las encuestas para elevar nuevamente a López Obrador a la primera posición. Una nueva guerra de spots inició, ahora liderada por la Coalición por el Bien de Todos. Con esto, el sol azteca y sus aliados demuestran que también pueden hacer bien una “campaña negra”. Para el PAN ya quedó claro que el que se ríe, se lleva, y si López Obrador puede ser “un peligro para México”, entonces también Calderón puede ser “manos sucias”.

Por su parte, la respuesta albiazul no ha sido eficaz. Tanto la campaña en medios como el propio candidato han sido incapaces de sostener una defensa contundente de las serias imputaciones hechas por el tabasqueño. La percepción, por tanto, vence cualquier realidad.

En la entrega pasada señalamos: “qué pobre tiene que ser una democracia si una elección puede definirse por un debate” (Mediática, 05/06/06). Hoy se puede hacer una afirmación en sentido similar. Qué pobre tiene que ser una democracia si una elección puede definirse en el posdebate. Una afirmación que tiene serias implicaciones sobre la forma en que los mexicanos decidimos nuestro voto.

Es poco saludable que el sufragio se decida en función del carisma de los candidatos, o de quién tiene el mejor spot. En pocas palabras, una democracia así no puede ser democracia. Las últimas semanas han sido representativas de los vaivenes del electorado. Primero López Obrador arriba, luego Felipe, una vez más AMLO.

Les estamos enseñando a los políticos que sí sirven sus campañas sucias, que deben seguir haciéndolas pues la sociedad se deja convencer sin mayores elementos, a las primeras de cambio. ¿Acaso tendrá Calderón que recurrir a un nuevo escándalo para subir puntos? La política no puede seguir como un intercambio infinito de acusaciones.

Lo que se define en esta elección no es un asunto menor. Se trata de dejar en claro el rumbo de nación que deseamos para los próximos años. No se le debiera dar el mismo tratamiento que a una final de “Cantando por un sueño” o “La Academia”.

El jueves y viernes de esta semana se publicarán nuevas encuestas, las últimas permitidas por la normatividad electoral. Quien esté arriba hará lo posible por mantener esa imagen ante la población. Quien esté abajo hará lo indecible por cambiar esa percepción. Nuevas acusaciones vendrán, otros escándalos se desatarán. La pregunta es ¿les volverá a funcionar?

¿Debate decisivo?

Que pobre tiene que ser una democracia si una elección puede definirse por un debate. Y es que en los últimos días, analistas de diversos medios han dado a entender que en el debate presidencial del martes, puede decidirse el resultado de los comicios. Si esto sucede así, es por demás lamentable. Lo es porque poco puede agregar un encuentro de este tipo, a lo que se ha dicho en las campañas. Presentaciones escuetas de los participantes, ataques, contraataques: efectismo.

Si bien la intención de los debates es que los electores tengan la posibilidad de contrastar las propuestas de los candidatos, cuando éstas son demagogia, lo que en verdad se pone en juego es el carisma de los aspirantes. Que si uno sonrío más, que si el otro trastabilló, que si aquel se puso nervioso, etc. Al final, las sagradas encuestas revelarán el nombre del ganador. ¿Ganador?, ¿pues que es un concurso de oratoria? En el contexto de la actual campaña electoral, el debate será un elemento más del circo en que ésta se ha convertido.

No se puede borrar de un plumazo lo que ha caracterizado a la contienda, primero con la duración excesiva de las campañas, una precampaña no regulada, declaraciones pintorescas, un organismo electoral tibio, spots y más spots que no dicen nada, dinero tirado a la basura. Es poco factible que el debate modifique sustancialmente las percepciones de los electores, ya que no aportará suficientes elementos para tomar o cambiar una decisión.

Es de esperar que Felipe Calderón, del PAN, intente consolidar su pequeña ventaja sobre Andrés Manuel López Obrador, y que para ello recurra a lo mejor del repertorio que ha exhibido durante los últimos meses. Probablemente hará alguna revelación escandalosa. También se asegurará de presentarse como un candidato victorioso, como un hombre de ideas claras y de proyectos realistas, en fin, como un hombre que llevará al país al desarrollo, y que realizará el cambio prometido en el 2000. El deslinde con Fox será fundamental.

Por su parte, el candidato de la Alianza Por el Bien de Todos intentará contrarrestar la campaña negra de la que ha sido objeto, mediante la reiteración de la viabilidad de su propuesta económica, y, sobre todo, se afanará en demostrar que no es un “peligro para México”. Sin duda, tratará de corregir el error de no haber participado en el primer encuentro. Insistirá en los temas de su campaña, en el recorte del gasto burocrático, en el incremento del gasto social, en una verdadera reforma educativa, y otros temas que ha manejado recientemente. No sería extraño que AMLO buscara la empatía con el electorado mediante el recurso de victimizarse, que tanto le sirvió en el pasado.

Ahora, el candidato del PRI, Roberto Madrazo, tiene frente a sí la más reciente encuesta de María de las Heras, que lo mete de lleno a la pugna por la presidencia, cuando los demás estudios demoscópicos lo daban por muerto. Ante un escenario como el descrito, es previsible que Madrazo enfoque su energía en presentarse como una tercera alternativa, frente a las luchas intestinas entre el PAN y la Alianza por el Bien de Todos. Una hipótesis menos probable, es que hiciera un guiño a López Obrador, sobre todo después de los recientes enfrentamientos al interior de su partido, en el que algunos militantes, como Manuel Bartlett y Cantón Zetina, han llamado al voto en favor del “peje”. Esto hubiera podido darse en otras circunstancias, no ahora que la pelea es de tres.

A lo anterior hay que sumar el nivel de penetración que consiga el programa, ya que, en México, estos ejercicios no suelen despertar el interés de la población, harta de la política y de los políticos. Por todo ello, no es descabellado mostrarse escéptico sobre la influencia que pueda tener el debate en las preferencias electorales. Lo descabellado, en cambio, sería que ésta fuera grande, porque indicaría que en el país el voto aún no es producto de una reflexión profunda, de un conocimiento de la historia y trayectoria de cada candidato, de una evaluación de sus propuestas, sino de una serie de factores intrascendentes, por decir lo menos. Lujo, que la sociedad ya no se debería permitir. Sin embargo, eso está por verse.

A propósito de la democracia

Ahora que en la contienda presidencial todos los aspirantes se nos presentan como auténticos demócratas, conviene preguntarnos a qué visión de la democracia aluden, porque si un concepto no ha permanecido estático a lo largo de la historia, ha sido precisamente éste, que aún es objeto de debate.

Hoy por hoy, hablar de la democracia tiene implicaciones diversas, condicionadas por el desarrollo histórico de esta idea. Conviene señalar que la concepción moderna de la democracia arribó con el liberalismo, para desplazar a la democracia de los “antiguos” –como la denominó, con un dejo de desprecio, Benjamín Constant-, que se caracterizaba por el ejercicio de las libertades públicas, es decir, la participación de las personas en las decisiones colectivas. En contraposición, la llamada democracia de los “modernos”, se refiere al goce de la libertad privada, porque al parecer es en “lo privado” donde están los más preciados bienes. Y la participación, por consecuencia, se limita casi exclusivamente al terreno electoral.

Por ello es que liberales contemporáneos como Bobbio, han llegado a una definición ya clásica de la democracia, como “un conjunto de reglas (primarias o fundamentales) que establecen quién está autorizado para tomar las decisiones colectivas y bajo qué procedimientos” (Norberto Bobbio, El futuro de la democracia, 2001).

Entendida de ese modo, es claro que la democracia no es tanto una práctica, sino ese “conjunto de reglas” o normas, que es la legislación. Por lo tanto, es perfectamente legítimo ser democrático de forma pero no de fondo. Por ello es que a este tipo de democracia se le ha denominado procedimental o formal.

La cuestión de la representación también merece un comentario. De acuerdo a Bobbio, hay un “quien” que toma “las decisiones colectivas”, lo que implica que la sociedad ha delegado en una o algunas personas, la representación de sus intereses. Y ello entraña algunos supuestos más que cuestionables, como el que los representantes designados conocen a fondo las necesidades y los temas que atañen a la comunidad. Ahora, si un representante no hace bien su trabajo, la única forma de reprochárselo es en las urnas.

Lo que nos lleva a la pregunta: ¿por qué este esquema es el que domina las democracias actuales? No hay una respuesta simple, pero el académico Marcos Roitman sostiene una teoría interesante que señala que se trata de una forma de legitimar el modelo económico excluyente del neoliberalismo. Y agrega: “vaciada de sus contenidos políticos (la democracia) puede ser reivindicada por el capitalismo sin mayores contradicciones” (Marcos Roitman, Las razones de la democracia en América Latina, 2001).

El propio Bobbio ha dado a entender que el liberalismo -que conlleva una buena dosis de individualismo- y la democracia son incompatibles, a menos “que no se considere la democracia desde el punto de vista de su ideal igualitario”. En otras palabras, que la lucha por la justicia social quede relegada a un segundo plano para beneficiar a unos cuantos, los del poder económico. Por ejemplo, en México con el Fobaproa, los últimos gobiernos han preferido que varias generaciones de mexicanos paguen la deuda de un puñado de empresarios, que especularon con el ahorro de la población.

Por ello es necesaria una reconsideración de la idea democrática, como la que dibuja el portugués Boaventura de Sousa Santos, quien menciona que es necesario que se dejen a un lado los diseños acartonados de la democracia y ésta se ponga en práctica, a través de principios básicos de acción social, como la creación de las condiciones para que “la ansiedad de los excluidos se convierta en motivo de ansiedad de los incluidos hasta conseguir hacer socialmente patente que la reducción de la ansiedad de unos no se consigue sin reducir la ansiedad de los otros”. (Boaventura de Souza Santos. Reinventar la democracia, reinventar el Estado. 1999).

Lo anterior sólo puede operar con la participación política de los ciudadanos, para convertir a la democracia, no en un mero procedimiento, sino en la expresión palpable de la conciencia cívica de las personas. Asunto que en la elección del 2 de julio, está más presente de lo que pensamos ¿o no?

¿Objetividad periodística?

En las últimas décadas el periodismo ha vivido notables transformaciones, por un lado por los avances tecnológicos, y por el otro, a causa de la constante evolución de la vida pública. Por ello vale plantearse si aún son válidos los viejos referentes éticos que le han servido de sustento a lo largo de varios años. En esta entrega nos ocuparemos de dos principios básicos: la objetividad y la imparcialidad.

La objetividad, como principio ético del periodismo, se refiere a la toma de distancia del informador respecto de la información. Si somos estrictos, podríamos definirla como una observación sin observador. Sin embargo, dejemos de lado esa connotación para atender al primer esbozo que trazamos. Según los criterios periodísticos, la objetividad implica la descripción aséptica de los hechos.

La consideración de la “objetividad” como un principio básico del periodismo tuvo como origen el sensacionalismo que, antes y durante la Segunda Guerra Mundial, privó en los medios impresos, con el fin de conseguir mayores ventas. En ese tipo de periodismo poco importaba si la información de la que se daba cuenta era verdadera o no. Por lo que el llamado “periodismo objetivo”, que sentó sus reales en Estados Unidos después de finalizada la guerra, se concentró en llevar la bandera de la verdad. Su intención fue la de diferenciarse del periodismo amarillista. De esa forma se ciñó la información a un cartabón que le restó vitalidad, y al mismo tiempo limitó las potencialidades del periodista.

El sociólogo Heriberto Muraro señala que “la estrategia de maximización de la audiencia provocó el desarrollo de una de las mayores creaciones literarias de la época: el llamado periodismo objetivo (...). El aspecto central del periodismo objetivo es lo que ha dado en llamarse la sacralización de los hechos: una reformulación brillante de los criterios de verdad científica al contexto del periodismo" (H. Muraro. Políticos, periodistas y ciudadanos. 1997).

Y es que desde el enfoque objetivista se piensa que la información está contrapuesta a la opinión. Cuando se podría muy bien argumentar, desde otra perspectiva, que son complementarias y entre ambas crean opinión pública. Para el periodismo objetivo, el reportero no es más que un recolector y ordenador de información; no tiene mayor papel y presencia en el proceso informativo. Y si la información es antagonista de la opinión, y por tanto objetiva, el juicio es subjetivo, y por consecuencia, no cabe en la noticia. Lo que nos lleva a pensar en la configuración de la “objetividad” como un principio de abstención del juicio.

En otras palabras, el informador debe de evitar discernir en aras de cumplir con su labor. Si el viejo modelo de la pirámide invertida, y tener que responder en el cuerpo noticioso a una serie de preguntas básicas nos dice cómo se redacta una nota, entonces el profesional de la información se queda para sí con su perspectiva de los sucesos.

En apariencia lo anterior tiene como propósito no influenciar la opinión de los lectores. Sin embargo, la noticia “neutra” no aporta mayores elementos al receptor, porque presupone en éste un nivel de conocimiento de los antecedentes de los hechos y sus repercusiones.

Ahora, esa falta de juicio que se le exige al periodista corresponde a la percepción de que éste no debe fijar su posición frente a los hechos. De acuerdo a Luis Ramiro Beltrán: “la imparcialidad – la actitud de no tomar partido en pro ni en contra de nadie ni de nada – se supone correlato de la objetividad cuando no característica de ella, como también la neutralidad y la ecuanimidad. Y lo opuesto a la objetividad es, evidentemente, la subjetividad”. (Luis R. Beltrán. “La objetividad, ¿mito o meta?”. 2005).

En España, por ejemplo, existe una doctrina jurisprudencial llamada “reportaje neutral”, que tiene que ver con el reflejo, por parte del periodista, de los distintos puntos de vista existentes en torno a un acontecimiento, sin que éste prejuzgue sobre su contenido. Sin embargo, cabe la pregunta ¿siempre es conveniente la imparcialidad? Por ejemplo, en un caso de delito de lesa humanidad, ¿es suficiente con dar a conocer las distintas versiones de los hechos?

Hoy por hoy, la “objetividad” y la “imparcialidad” como principios éticos del periodismo parecen estar en tela de juicio. El imperativo de ofrecer a los lectores el contexto y las consecuencias de los hechos, más allá del qué, cómo, cuándo y por qué, ha significado un desplazamiento del periodismo objetivo, a distintas formas de elaboración, como el interpretativo o el nuevo periodismo.

Asimismo, y como en tiempos anteriores, la necesidad de ganar más lectores y, por consiguiente, lograr mejores ventas, ha supuesto un cambio de paradigma, en el que el subjetivismo ha recuperado terreno. También con la aparición del periodismo ciudadano, que se realiza mediante Internet a través de blogs, la mayor participación del autor en la información se ha dado de un modo natural, dadas las características del medio.

En tiempos en que los valores se han transformado, y la sociedad cuenta con un amplio abanico de alternativas informativas, es menester buscar nuevos referentes éticos para el periodismo, si es que se le quiere dotar de un cuerpo deontológico que corresponda con las circunstancias actuales.

Las campañas electorales y el papel de la sociedad

La campaña por la presidencia se ha caracterizado por una evidente pobreza en las propuestas y, por el contrario, abundantes descalificaciones entre los principales candidatos. Una y otra vez hemos escuchado ataques superficiales entre los distintos bandos. Por ejemplo, la reciente campaña del Partido Acción Nacional en contra de Andrés Manuel López Obrador en la que lo llama “un peligro para México”, sin ofrecer mayores argumentos que el uso de imágenes editadas y frases de persuasión.

Y así han transcurrido las campañas, porque en los hechos, los planteamientos de los contendientes no se diferencian con claridad. Esto es visible cuando de definir el rumbo económico del país se trata. Tanto Roberto Madrazo, Felipe Calderón y Andrés Manuel López Obrador se han decantado por el libre mercado. Si bien la izquierda mexicana se distanció históricamente del neo-liberalismo, en la actual competencia su candidato, que a sí mismo se ve como de centro-izquierda, ha señalado en sus 50 compromisos que mantendrá los equilibrios macroeconómicos, por lo que “habrá una adecuada política monetaria y disciplina en el manejo de la inflación y el déficit público”, asunto presente permanentemente en la agenda del liberalismo económico.

Y dado que no hay diferencias sustanciales en un rubro tan importante como el económico -como si existe en los planteamientos de otras izquierdas latinoamericanas- entonces la estrategia electoral es la de los denuestos. A ese ánimo se ha sumado el presidente Vicente Fox, quien desde hace varias semanas sostiene una guerra verbal con el candidato de la Alianza por el Bien de Todos, López Obrador. El Ejecutivo se ha dedicado, casi diariamente, a enviar mensajes de advertencia al electorado sobre los riesgos que supondría la llegada al poder de un personaje con las características del tabasqueño. Que si la política social, que si la reducción de la burocracia, en fin, el presidente ocupa su energía en intervenir en el proceso electoral, lo que significa el debilitamiento de su imagen y contribuye al deterioro del ya enrarecido clima político en el país.

Por otro lado, las respuestas de AMLO también han servido para mostrarle a los ciudadanos un lado poco favorable del aspirante; un talante duro que sus seguidores evitan reconocer. Ante tal panorama, lo sensato sería que los actores políticos todos, centraran el debate en los temas fundamentales que atañen al futuro próximo de la nación. Aunque parece poco probable que lo hagan.

Por ello es necesaria la participación de la sociedad en la discusión pública y no únicamente el día de la elección. Es precisa la construcción de verdaderas redes sociales que pongan en agenda los asuntos que a todos conciernen. Si realmente se quiere transitar a un sistema democrático, entonces los ciudadanos deben despertar de su letargo y actuar. La verdadera democracia se da de abajo hacia arriba, es decir, del pueblo hacia el gobierno y no al revés. Por eso bien vale hacer la pregunta: ¿se vale que aún haya quienes digan que no les interesa la política, y se quejen de los políticos?

Los traidores

El Estado mexicano cayó derrotado ante el poder de los gigantes mediáticos del país. Esta vez fue Goliat quien aplastó a David de un pisotón. Fue un día que no se olvidará fácilmente. Los traidores triunfaron. Después de 28 años de intentos para legislar en materia de radio y televisión, el pasado jueves 30 de marzo, en el Senado se aprobaron reformas a las leyes respectivas, que, lejos de ser lo que el país necesita, representan un retroceso en varios rubros y suponen el ahogo de facto para los medios públicos.

Pese a las oposiciones de otros legisladores, de académicos, periodistas, organizaciones civiles, las radios y las televisiones públicas, la iniciativa aprobada por los diputados en diciembre del año pasado siguió adelante sin que se le cambiara una sola coma. Y los cambios votados, como se ha dicho reiteradamente, son en realidad una regresión que dificultará aún más el sinuoso camino de los medios estatales, universitarios, experimentales, comunitarios, etc.

Entre las características de la nueva legislación destaca el que se otorgue pocas atribuciones a la Comisión Federal de Competencia, lo que redunda en una situación de permisividad para que exista la concentración de medios; también cabe señalar la disminución de potestades estatales para la regulación mediática y la desigualdad en el estatus de los medios públicos. Lo anterior sin contar con la violación del derecho a la información, en lo que se refiere a la igualdad de oportunidades para constituir una empresa informativa, o bien, en el derecho de las audiencias a recibir información variada. Y es que en el proyecto se considera a la subasta como forma de obtención de concesiones de radio o televisión, por lo que a final de cuentas quien tenga más dinero tendrá más posibilidades.

Independientemente de que las televisoras hayan o no presionado a los legisladores para aprobar las reformas, los verdaderos traidores tienen nombre y apellido. Porque las empresas informativas pueden aducir la legítima promoción de sus intereses, pero los senadores no tienen disculpa alguna: actuaron en contra del interés público. Esos traidores son: Diego Fernández de Cevallos, Héctor Osuna, Enrique Jackson, Erick Rubio, Héctor Larios, Mariano González Zarur y Emilio Gamboa Patrón, por parte de los líderes, además de todos aquellos corifeos que dieron su voto a favor. Que no se nos olviden sus nombres y su papel en este asunto. Porque su error le costará caro a la democracia.

También entre los candidatos a la presidencia se dio la traición. Felipe Calderón, del PAN, y Roberto Campa, del PANAL, defendieron las supuestas ventajas de las reformas, mientras que Roberto Madrazo, del PRI-PVEM, evitó pronunciarse y, por el contrario, señaló que no es tema de su campaña. Habrá que tener muy presente esto en julio próximo.

Ahora la pregunta es, una vez dado el ominoso evento ¿qué se puede hacer? Existen al menos tres caminos que evitarían que se consumara el atraco. El primero es que el presidente Vicente Fox usara su derecho de veto para hacer observaciones al texto, sobre temas fundamentales de la legislación. Esto sería adoptar una actitud republicana, que seguramente se recordaría por quienes han promovido una reforma justa para los medios electrónicos y por la nación entera.

Sin embargo, no es probable que el presidente esté a la altura de las circunstancias, porque no lo ha estado en todo el sexenio. Aún quedan los ecos del decretazo con que se borró de un plumazo el impuesto de 12.5% de tiempo aire a los medios electrónicos; también vive en la memoria el “¿y yo por qué?”, cuando la toma del Chiquihuite.

La segunda vía tiene que ver con la promoción de una controversia constitucional, para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronuncie al respecto. Pero se necesita del 33% de los senadores para presentarla. Una tercera posibilidad comprende la introducción de recursos de amparo, sobre todo por parte de los radiodifusores pequeños, que serán los más afectados por las reformas.

Hay voces que ya se han pronunciado por recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para que disponga de medidas cautelares que eviten la operatividad de la nueva ley, así como para que este organismo resuelva sobre la violación del derecho a la información que supone esta medida.

De no conseguirse en el futuro inmediato posponer la vigencia de la normativa, habrá que esperar al cambio de legislatura. Sin embargo, el panorama es poco alentador, lamentablemente. Se trata de un indicador de que la incipiente democracia mexicana está en peligro. Hoy corremos el riesgo de que todo lo conseguido durante los últimos años caiga por la borda ante la ambición desmedida de quienes buscan satisfacer sus intereses por encima de los del país. Aunque suene demasiado pesimista, es la realidad.

Acceso a la información municipal

Aunque en México se han dado pasos importantes para consolidar el acceso a la información pública en la esfera federal y estatal, es en el nivel municipal en el que hay que poner especial énfasis, en el entendido de que hablamos del gobierno más cercano a la gente y del que gestiona sus necesidades inmediatas.

Organismos como la Conferencia Nacional de Municipios de México (Conamm) han ubicado la importancia del asunto para actuar en consecuencia, y han realizado cursos y foros para compartir puntos de vista y desahogar inquietudes. Llama particularmente la atención la voluntad existente en los Ayuntamientos que participan en dichas actividades por cumplir con las disposiciones estatales e incluso, ir más allá, con el propósito de transparentar la gestión municipal.

Este comportamiento habla de que, hoy por hoy, los municipios reclaman para sí, una participación más activa en el gobierno. De modo que podemos colegir que es necesaria una reforma legal de fondo que permita a los municipios tener mayor capacidad de autogestión. Porfirio Muñóz Ledo ha señalado reiteradamente que el nivel municipal es en el que reside la soberanía, y que, por tanto, la reforma municipal es el inicio de una verdadera reforma del Estado.

Dichas consideraciones toman fuerza en temas como la transparencia y el acceso a la información, en el que es visible un compromiso de muchos municipios mexicanos, cuyo marco normativo es limitativo. Y es que poco a poco éstos toman conciencia de que un uso consciente de la información, por parte de las personas, tiene efectos significativos en su calidad de vida. Podemos decir que es palpable una transformación en la “conciencia cívica”, que deviene en un cambio de las prácticas sociales y de la esfera privada.

En el país, satisfacer el derecho a saber de la población tiene implicaciones diversas. Es un proceso novedoso y complicado que se tiene que resolver con un trabajo sistemático y definido, que logre articular varias políticas públicas factibles de llevar a cabo.

Por ello es que es preciso avanzar en dos sentidos: la reglamentación y la implementación efectiva del cuerpo normativo. El primer caso tiene que ver con la capacidad de los sujetos obligados, en este caso los Ayuntamientos, por emitir las disposiciones correspondientes para facilitar la aplicación de la ley y del reglamento de acceso a la información. Ello obliga al establecimiento de lineamientos de diversa índole, que son referente obligado para los funcionarios públicos, al momento de clasificar o desclasificar una información reservada, o bien, responder las solicitudes de los ciudadanos.

Un segundo nivel refiere al modo en que los sujetos obligados toman las medidas necesarias para cumplir en tiempo y forma con lo que la ley y el reglamento señalan. En ese sentido la capacitación de los funcionarios públicos encargados de satisfacer las peticiones informativas es fundamental, y precisa de una conciencia, por parte de éstos, del principio de que toda la información es pública y que las excepciones son eso, salvedades. Así podrán clasificar correctamente los documentos, para que, sólo en los casos previstos por la ley, una información se mantenga en secreto. Ambos niveles requieren mejorar la forma en que se organizan y preservan los documentos públicos en poder de los municipios, para facilitar su búsqueda y acceso, por parte de la sociedad.

Esos son los temas del debate respecto del acceso a la información en los Ayuntamientos. Conviene analizarlos y discutirlos a profundidad, para propiciar un marco en el que la voluntad del gobierno y el ejercicio permanente de una contraloría social, sean los elementos determinantes de un proceso que -aunque no exento de errores- pueda generar una nueva conciencia ciudadana en la sociedad.